Los pueblos indígenas en nuestro país aún conforman uno de los grupos más excluidos y postergados por el Estado. Pese a los avances que se han logrado en los últimos años en el reconocimiento de sus derechos, como la promulgación de la Ley N° 27785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocidos en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la aprobación de políticas públicas en salud y educación intercultural bilingüe, la situación particular de la educación secundaria, la salud sexual y reproductiva y la violencia sexual que afecta niñas y adolescentes indígenas ha sido poco visibilizada, aun cuando experimentan diversas formas de exclusión y discriminación.