El acceso a los servicios de agua y alcantarillado permite a las personas mejorar su calidad de vida, reducir las enfermedades de origen hídrico y posibilitar -en términos reales- el ejercicio de otros derechos fundamentales. Acorde con esto, el año 2010 la Asamblea de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y saneamiento, como un derecho esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Asimismo, el año 2007 fue reconocido como un derecho fundamental implícito en nuestro ordenamiento constitucional.