En los últimos años, en Piura, se han ampliado las concesiones petroleras y de gas, así como la minería no metálica y los fosfatos, lo que posibilita importantes recursos por canon y sobrecanon. A la vez ha crecido la minería informal que deteriora el ambiente, toma concesiones y emplea a trabajadores en pésimas condiciones laborales y de salubridad, afectando especialmente a mujeres y niños. Estos procesos generan conflictos que se suman a los rechazos emblemáticos a la minería metálica de gran y mediana escala. Urge producir políticas consensuadas sobre la minería pequeña y artesanal, a través de la fiscalización y coordinación con las instancias nacionales y locales, lo que es competencia del gobierno regional. Es imperativo consensuar opinión sobre el desarrollo de la mediana y gran minería, realizar el seguimiento a la inversión de la renta minera, comprometer a la sociedad civil y fortalecer al gobierno regional para su involucramiento efectivo.